De acuerdo con INEGI, 6 % de la población mexicana (en torno a 7.1 millones de personas) tiene algún tipo de discapacidad, entendida como alguna dificultad para caminar o moverse, ver y escuchar, hablar o comunicarse, poner atención o aprender, atender el cuidado personal o tener alguna limitación mental. Uno de los mayores problemas de este sector social es la discriminación estructural que ha enfrentado históricamente.
El Título I de la Ley sobre Estadounidenses con
Discapacidades de 1990 (ADA, por sus siglas en inglés) prohíbe a los
patronos privados, los gobiernos estatales y locales, las agencias de empleo y
los sindicatos de trabajadores discriminar contra individuos calificados con discapacidades
en los procedimientos de solicitud de empleo, contratación, despido, ascenso,
compensación, entrenamiento para el empleo y otros términos, condiciones y
privilegios de empleo.
